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Por Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo (entrada en vigor el 30 de agosto de 2009), se aprobó la carta de derechos del usuario de servicios de comunicaciones electrónicas. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de protección general de consumidores y usuarios, dicho Real Decreto regula el régimen de protección específica de los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas.

Entre otras circunstancias, se recoge el procedimiento de resolución de controversias entre los usuarios finales y los operadores, indicando que las reclamaciones se podrán presentar ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, sin perjuicio de los procedimientos de mediación o resolución de controversias que, en su caso, hayan establecido los órganos competente en materia de consumo de las Comunidades Autónomas.

La Orden ITC/1030/2007 de 12 de abril, todavía en vigor, reguló el procedimiento de resolución de las reclamaciones por controversias entre usuarios finales y operadores de servicios de comunicaciones electrónicas.